El pasado 1 de Enero entró de nuevo en vigor el derecho de separación de los socios de sociedades mercantiles por ausencia de reparto de dividendos (artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital). Artículo cuya aplicación había sido suspendida en dos ocasiones con anterioridad.

La mencionada disposición establece, en efecto, un derecho de separación a favor de socios y accionistas, bajo el cumplimiento de determinadas premisas, si bien es importante subrayar que este artículo no es aplicable a las sociedades cotizadas.

Recordamos las condiciones que determinan la entrada en acción de este derecho que protege la posición del socio minoritario:

-la junta general no acuerda un reparto de dividendos de, como mínimo, la tercera parte del beneficio de explotación obtenido el ejercicio anterior

-el socio que inste el derecho de separación debe haber votado a favor del reparto de dividendos

-la sociedad debe llevar un mínimo de cinco años inscrita en el Registro Mercantil

-los beneficios deben ser legalmente repartibles.

El procedimiento de separación a seguir consiste en la remisión, por parte del socio minoritario, de una comunicación por escrito, por un medio susceptible de acreditar el envío, a la sociedad. En la comunicación el socio debe expresar su voluntad de separación de la sociedad a causa del no reparto de dividendos. El plazo para remitir la comunicación es de un mes, a contar desde la fecha de celebración de la junta general ordinaria anual.

Es importante subrayar que la norma no exige que se produzca la aceptación de la sociedad a la manifestación de separación del socio.

Si un socio ejercita el derecho de separación, la sociedad deberá pagarle el valor razonable de sus acciones o participaciones.

El objetivo del legislador, al reconocer este derecho, es evitar que el derecho del socio a las ganancias sociales se vulnere frontalmente si, año tras año, sin excepción, la junta general, a pesar de que la sociedad obtenga beneficios, acuerda sistemáticamente no repartirlos. Es un derecho, por otra parte, cuyo ejercicio no puede ser eludido mediante su renuncia o exclusión al establecer los estatutos sociales de la mercantil, o bien modificándolos con posterioridad.

 

Debe advertirse de que este artículo 348 bis de la LSC que, como decíamos, ha visto suspendida su aplicación en dos ocasiones, se abstrae de cuál pueda ser la situación patrimonial y financiera de la sociedad. Entran en juego intereses contrapuestos entre sí; por un lado el de los socios que ostentan el capital mayoritario, y por otro el de los socios minoritarios. Los abusos pueden venir de ambos lados, y no en exclusiva del lado de la mayoría social.

Será el transcurso del tiempo, y la práctica societaria, lo que determine los efectos de un adecuado o inadecuado -según los casos-, ejercicio del mismo.