El pasado 20 de Enero de 2017 se ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas, que contempla un expediente extrajudicial encaminado a la resolución de la previsible avalancha de reclamaciones como consecuencia de las sucesivas resoluciones judiciales dictadas en esta materia a partir de mayo de 2013.

Se trata de un procedimiento facultativo para el particular, que se convierte en obligatorio para las entidades financieras, siempre que sea instado por los clientes. Se establece un plazo de duración de tres meses, durante el cual se deberá llegar a un acuerdo, bajo el objetivo de evitar la saturación de los juzgados y de preservar las garantías que protegen –teóricamente-, al consumidor.

Las resoluciones judiciales que han colocado esta cuestión en el punto de mira de los particulares son bien conocidas, a estas alturas. Hay que referirse a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 21 de Diciembre de 2016, que, en síntesis, determina que la restitución de las cantidades percibidas por las entidades financieras, en aplicación de las cláusulas suelo, debe ser total, tomando como referencia temporal la de firma del préstamo. De esta forma, el TJUE ha acotado y rectificado los efectos económicos de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo con fecha 9 de mayo de 2013, que ubicaba en esta última fecha el hito temporal que había de tomarse como referencia a efectos de restitución de cantidades. Asimismo, debe mencionarse la sentencia dictada por el Tribunal Supremo con fecha 23 de diciembre de 2015, que declara la nulidad de cláusulas suelo incluidas en préstamos de BBVA y de Banco Popular.

El Real Decreto Ley establece un sistema de reclamación extrajudicial, facultativo para el cliente, y de obligado sometimiento para las entidades financieras, que deberán iniciarlo en el plazo de un mes desde la solicitud del particular. Se impone a los bancos, por otro lado, la obligación de informar acerca de la existencia de este mecanismo a todos los clientes titulares de préstamos en los que se hayan incluido cláusulas suelo.

Una vez recibida la reclamación en la entidad de crédito, esta ultima deberá remitir al interesado un cálculo de la cantidad a devolver, intereses incluidos, o bien su rechazo, incluyendo los motivos por los que se entiende que la reclamación es improcedente. Recibida la comunicación por el cliente, éste deberá comunicar su conformidad o disconformidad con el cálculo. En el primer caso, la entidad procederá a la devolución de las cantidades, todo ello en un plazo máximo de tres meses.

Se reconoce la posibilidad alternativa de que las partes acuerden medidas compensatorias al margen de la devolución de las cantidades (novación en condiciones del préstamo, e.t.c.). Esta opción alternativa deberá documentarse por escrito, previa información al interesado del valor de la compensación.

La opción de la vía judicial es facultativa para el particular, que inicialmente no está obligado a someterse al proceso extrajudicial. Pero en el caso de haber optado por este último, no se podrá ejercitar ninguna acción judicial relacionada con la misma reclamación una vez iniciado, y hasta su definitiva resolución. Se recoge a su vez la opción de suspensión de procedimientos judiciales en curso para el posterior sometimiento de las partes al procedimiento extrajudicial.

El Real Decreto Ley introduce mecanismos dirigidos a incentivar soluciones pactadas en un marco de buena fe. Así, si el particular acciona judicialmente contra la entidad financiera tras el fracaso del procedimiento extrajudicial, y obtiene un resultado económico más favorable en sentencia, la entidad será condenada en costas. Por el contrario, si el consumidor acude a la vía judicial de forma directa, prescindiendo de la vía extrajudicial, y la entidad financiera formula allanamiento sin contestar a la demanda, no será condenada en costas

Se establece el carácter gratuito del proceso extrajudicial. Con el mismo espíritu, se ha previsto una notable reducción de los aranceles notariales y registrales que gravarán las reestructuraciones de préstamos que se formalicen como consecuencia de medidas compensatorias alternativas a la devolución de los importes percibidos por el banco.

En el ámbito tributario, se modifica el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para que, en el caso de devolución de cantidades indebidamente cobradas, la neutralidad fiscal quede salvaguardada a favor del particular.

Por último, el Gobierno regulará la creación de un organismo de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas en el marco del Real Decreto Ley, en el que se asegurará la presencia de consumidores y de abogados.